Bronca entre Peñarol y Palmeiras pone en duda la seguridad en estadios de América

La guardia de seguridad del estadio Campeón del Siglo resultó desbordada por la violencia que jugadores de Peñarol y Palmeiras promovieron en la cancha y fanáticos propagaron en las tribunas sin una cobertura policial inmediata para sofocar un escándalo que vuelve a dejar en evidencia al fútbol latinoamericano.
La dirección del Palmeiras ha dicho que la tragedia la evitó, no la fuerza local emplazada en el moderno escenario inaugurado por el Peñarol el 28 de marzo de 2016, sino un grupo de 20 guardaespaldas brasileños que acompañó a la delegación desde Sao Paulo.
“Esto acaba con nuestro fútbol”, dijo Alexandre Mattos, director ejecutivo del club brasileño al evocar los incidentes registrados tras el fin del partido de Copa Libertadores que la formación brasileña ganó de remontada por 2-3 al equipo Mirasol.
Ante la falta de una fuerza apta para encarar desórdenes, varios jugadores del Peñarol fueron captados por la televisión frente a los alambrados, llamando a la calma a sus hinchas, que para entonces ya se encaraban con los seguidores del equipo visitante.
Habían pasado apenas algunos minutos desde el pitido final, ya se había diluido la gresca en la cancha, los visitantes se habían refugiado en su vestuario, aparecían los primeros policías en el escenario, pero la tensión aún se vivía en los graderíos, de los que salieron 30 personas detenidas.
¿Vale la pena prescindir de la policía o reducir su presencia en los estadios y encomendar el peso de la seguridad a grupos privados?
En Uruguay, el Gobierno decretó en diciembre que los partidos ‘críticos’, como el Peñarol-Nacional, se jueguen en el Centenario. Los forofos son vigilados con cámaras de reconocimiento facial para denunciarlos en caso de tener antecedentes violentos.
El Ministerio del Interior se opone a la presencia de policías en las tribunas, excepto en casos especiales, y pide a los clubes que contraten empresas de seguridad privada. Aunque ninguna de estas cuenta con herramientas de disuasión, como quedó demostrado el 27 de abril en el juego de la cuarta fecha del grupo 5 de la Libertadores.
En Brasil, la seguridad dentro de los estadios es responsabilidad de los organizadores del evento, quienes prefieren la presencia de vigilantes privados, lo que no termina por agradar a los aficionados que se sienten inseguros con las barras bravas.
Dado que la mayoría de los estadios pertenecen a los clubes, estos tienen la posibilidad de contratar a la Policía y pagar por sus servicios para ocuparse de controlar las zonas exteriores.
La Policía Militarizada cumple un trabajo de escolta de los equipos y de las barras organizadas, y despliega hombres en las afueras de los estadios y donde suelen concentrarse los ultras.
En Venezuela, se estableció en 2016 un sistema híbrido entre efectivos públicos y privados.
Por cada 5.000 entradas puestas en venta los clubes deben garantizar como mínimo 25 uniformados para mantener la vigilancia y orden público en las áreas internas del estadio.
Además, por cada 500 aficionados por encima de los 5.000, otro miembro policial o de la Guardia Nacional Bolivariana (policía militarizada) debe agregarse a la plantilla.
Los agentes privados, que no tienen armas de fuego, están destinados a cuidar las tribunas y los vestuarios.
En Costa Rica, los clubes están obligados a presentar al Ministerio de Seguridad su plan antes de cada evento masivo.
Esto incluye la contratación de seguridad privada al tratarse de partidos en estadios privados, pero el Ministerio también facilita hombres de la Fuerza Pública, especialmente para partidos ‘de alto riesgo’ como clásicos o finales.
En junio de 2013 el Congreso de Costa Rica aprobó La Ley para la Prevención y Sanción de la Violencia en Eventos Deportivos, que no incluye sanciones penales, solo prohibiciones de ingreso por periodos que van de seis meses a tres años para las personas que profieren insultos racistas o participan en hechos violentos.
En Colombia, el código de Policía que entró en vigor el 30 de enero incluyó un artículo que concede la potestad de los clubes de la organización y seguridad de los eventos, aunque se aclara que no es que la Policía será apartada. Apenas estará en menor cantidad.
La Federación amenazó con suspender la Liga y la Corte Constitucional intervino el 20 de abril al dar dos años al Congreso de la República para afinar la norma.
Por el aumento de los hechos violentos y delictivos en el fútbol en Argentina, el Gobierno intensificó los controles en los ingresos a los estadios, prohibió a los menores de 16 años asistir sin un adulto y tornó obligatorio exhibir un documento de identidad.

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